Pedirán sanción penal al “Mijis” por resistencia

Solicita fiscalía anticorrupción que imputación al legislador por amenazar a actuaria e impedir desalojo.
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados a Hechos de Corrupción pidió a un juez de control que fije fecha para la audiencia inicial en la que el diputado local Pedro César Carrizales Becerra y otra persona sean imputados e incluso se les vincule a proceso por el delito de resistencia, luego de que una actuaria del Poder Judicial del Estado los denunciara por impedir un desalojo en mayo pasado.

De acuerdo con un oficio vinculado a la carpeta de investigación, cuya copia tiene este diario, la solicitud fue hecha por un agente del Ministerio Público de la mencionada fiscalía el pasado 17 de diciembre al juez de control en turno.

El documento señala que los ofendidos son la mencionada actuaria y el propio PJE.

Recuerda que el pasado 21 de mayo, la funcionaria se disponía a realizar el desalojo de personas que ocupaban un domicilio de la unidad habitacional Manuel José Othón, de la capital.

La diligencia estaba vinculada a un juicio mercantil y fue interrumpida por Carrizales Becerra y Omar E. V., quienes “amenazando con palabras altisonantes y arrojaron objetos como piedras y botellas hacia la actuaria”.

La denunciante señaló que Carrizales Becerra “presumía de su posición como Legislador Local”, señalando a la actuaria que “no tenía autoridad para realizar ese acto de desocupación”.

El diputado y su acompañante, dice el documento, introdujeron de nuevo a la vivienda los objetos sacados, mientras que la actuaria optó por retirarse.

Tras advertir que los datos de prueba obtenidos, el agente del Ministerio Público indica que los mismos establecen la comisión de un delito y la probable participación de los señalados.

Por esa razón, pide al juez que fije la fecha y hora de la audiencia inicial en la que se formularía la imputación al legislador y a la otra persona, se pediría la vinculación a proceso, el establecimiento e medidas cautelares y el plazo de cierre de investigación.

Se señala como “domicilio laboral” del legislador para ser notificado al Congreso estatal y se advierte que de no comparecer sin causa justificada, se procedería penalmente contra él.

Fuente: Pulso y Quadratín