“Clausuraron” la Auditoría Superior del Estado por encubridora y “lavandería” de cuentas públicas

Organizaciones civiles como Ciudadanos Observando y Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) clausuraron simbólicamente las oficinas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y señalaron a la dependencia como encubridora y “lavandería” de cuentas públicas, aun cuando ésta ya ha promovido denuncias contra funcionarios e incluso particulares que proveen servicios y productos al sector público.

Guadalupe González, vocero de la primera de las organizaciones nombradas, declaró que la actual titular de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, “traicionó el voto de confianza que nos pidió hace un año, cuando dijo que haría las cosas diferentes, que entregaría resultados en el combate a la corrupción y que no se manejarían más nóminas o partidas secretas dentro de la institución”.
Los manifestantes colocaron diversas cartulinas en las ventanas y puerta de acceso a la ASE, una que reclamaba al gobernador Juan Manuel Carreras López de “ser sordo y encubrir abusos y corrupción”, otra que declaraba a la dependencia como “un efectivo servicio de limpieza que cuenta con un poderoso blanqueador de cuentas públicas que tiene muchos clientes satisfechos, como el Gobierno del Estado”.
A la derecha del acceso a las oficinas, se colocó una cubeta con utensilios de limpieza como escoba, trapeador y líquidos limpiadores, con el mensaje de “¿Necesitas limpieza? La ASE te los presta”.
Lupillo González recordó a la Auditora que hay denuncias presentadas desde el 4 de abril de este año que aún están pendientes de respuesta de su parte.
A su vez, el vocero del FCA, Manuel Nava Calvillo, reclamó a la titular de la Auditoría Superior que la revisión de las cuentas públicas de 113 entes fiscalizables “esté convertida en una simulación y que sea la propia dependencia la que obstaculiza a los órganos internos de control para que estos puedan dar seguimiento al enriquecimiento ilícito de funcionarios durante el desempeño de sus cargos”.
Las organizaciones estuvieron acompañadas por residentes de Ciudad del Maíz, municipio en donde se originó lo que llamaron “el Mochesgate”.
Al final, los voceros de ambos colectivos civiles expresaron que seguirán exigiendo transparencia y resultados a la ASE y que, en caso de que esto no se dé, solicitarán juicio político contra la auditora Cervantes Salgado y sus principales allegados.
Fuente: Pulso