Flores colocadas en la tumba del dictador español Francisco Franco en su aniversario luctuoso en noviembre

El Tribunal Supremo de España suspende la exhumación de Franco

MADRID — Tan solo unos días antes de la exhumación programada del general Francisco Franco, el Tribunal Supremo de España ordenó al gobierno el 4 de junio que suspendiera su plan para trasladar los restos del fallecido dictador español y darle a sus familiares más tiempo para buscar la apelación.

El fallo es otro golpe para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, que prometió hace un año retirar a Franco de la basílica subterránea que el dictador construyó después de ganar la guerra civil. El sitio también se convirtió en una de las fosas comunes más grandes de Europa.

Cuando asumió el cargo en junio pasado, Sánchez dijo que la exhumación de Franco ocurriría “inmediatamente”, pero su plan rápidamente encontró obstáculos políticos y legales al atraer la oposición de los conservadores españoles y la familia del exdictador, y ayudó a revivir el debate sobre su legado.

Mientras su familia lleva el caso ante las cortes, la batalla en torno a la propuesta de exhumación destaca en el panorama de fragmentación partidaria y polarización en España, incluido el surgimiento de Vox, un partido de ultraderecha que recientemente ganó sus primeros escaños en el parlamento.

El gobierno socialista planeaba trasladar los restos mortales de Franco el 10 de junio al cementerio de El Pardo, a las afueras de Madrid, donde la esposa de Franco fue sepultada.

Sus familiares han argumentado que la exhumación equivaldría a la profanación de una tumba, y dijeron que el único lugar de descanso alternativo para Franco debería ser dentro de la cripta de la catedral de Madrid, una sugerencia que el gobierno consideró inaceptable.

El 4 de junio, Luis Felipe Utrera-Molina, un abogado que representa a la familia de Franco, dijo a la televisión nacional española que estaba satisfecho con la decisión del tribunal que “ha puesto en su sitio al Gobierno”, y agregó: “El Gobierno se ha movido más por razones políticas y ha abandonado el rigor jurídico en su actuación”.

Fuente: The New York Times

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