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Trabajadores del Poder Judicial exigen recusación de cinco diputados en procedimiento contra Almazán Cué

Adriana Monter Guerrero, representante común de Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández, Javier Pérez Contreras y Efraín Torres Salazar, trabajadores del Poder Judicial, anunció que promoverá una recusación con causa para que los diputados Sonia Mendoza Díaz, Paola Alejandra Arreola Nieto, Eugenio Govea Arcos, Héctor Mauricio Ramírez Konishi y Martín Juárez Córdova, no participen ni voten en el procedimiento de juicio político contra el magistrado Juan Paulo Almazán Cué.

En el documento al que tuvo acceso Astrolabio, Adriana Monter expone que estos diputados deben recusarse debido a que cuatro de ellos “guardan una estrecha relación de amigazgo con el señor Juan Paulo Almazán Cué”, y el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, “se ha empeñado en obstaculizar férreamente nuestra intervención como demandantes”. 

Adriana Monter señaló que los diputados mencionados habrían entablado una relación cercana con el magistrado durante 2017, 2018 y 2019: “se le vio continuamente animado y constantemente cercano a dichos personajes, haciendo gala de lisonjas en distintos convites que sus altos cargos les proveían, dejándose ver continuamente acompañados y en vital algarabía, sin dejar lugar a la duda sobre su cercanía y amistad”, sostuvo. 

El oficio presentado por Monter Guerrero advierte que esta situación de “amiguismo” entre el magistrado y los diputados justifica la solicitud de recusación, esto encuadrado en lo dispuesto en la fracción II del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual formula que un servidor público estará impedido de participar y resolver en su competencia respecto a una situación si este fuera “conviviente” de alguno de los “interesados”; a esta justificación, el documento expone la definición de “conviviente” como “cada una de las personas con quienes comúnmente se vive”. 

Dentro del documento, la promovente Adriana Monter incluyó los links directos a las notas y publicaciones donde se pueden ver a los diputados y el magistrado Juan Paulo Almazán Cué con una cercanía personal que “los inhabilita para conocer, tramitar y resolver todo lo concerniente a la instauración del juicio político que nos ocupa, así como cualquier otro trámite legal relacionado con la persona del aludido magistrado”.

Sobre el caso específico del diputado priísta Martín Juárez Córdova, el documento menciona que este habría obstaculizado el interés de los denunciantes, pues estos, entre el 26 y 31 de agosto del 2020, intentaron enviar un paquete de escritos que debieron ser turnados a los 27 diputados de la legislatura, a los integrantes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación, además de a la bancada de Morena, sin embargo la documentación nunca fue entregada, motivo por el cual Adriana Monter valora que se actuó con “un marcado interés en beneficiar al señor Juan Paulo Almazán Cué, seguramente basado en algún tipo de componenda facciosa o de grupo que le representa algún tipo de interés, aún por encima de las leyes y de la Constitución Política del Estado; todo lo cual es otro motivo más para que este personaje [Martín Juárez Córdova] se declare inhibido y se excuse de conocer sobre del presente tema”. 

Al final del documento la representante de los que suscriben el juicio político contra Juan Paulo Almazán reitera su interés para que se recuse a la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez de tratar el asunto en cuestión, al añadir que “si la aludida diputada no ha procedido a excusarse voluntariamente del conocimiento del presente asunto, SE ME TENGA POR RECUSÁNDOLA a través de este mismo escrito y para todos los efectos legales a que haya lugar”.

TAMBIEN ALMAZAN CUE IMPUGNA A VARIOS DIPUTADOS, PARA QUE NO PARTICIPEN EN VOTACIÓN

El magistrado Juan Paulo Almazán Cué pidió al Congreso del Estado que los diputados Rubén Guajardo Barrera y Marite Hernández Corre se recusen de participar en el análisis y votación del juicio político en su contra; uno por haberse “mofado” del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia y la otra por tener cercanía con una denunciante de violación a los derechos humanos. 

La solicitud de recusación presentada por Almazán Cué fue entregada a la Oficialía de Partes del Congreso local el pasado 15 de septiembre, y en ella el magistrado expresa que, por tener “intereses directos” en el procedimiento en su contra, deben de recusarse de participar el presidente de la Comisión de Justicia, Rubén Guajardo, y la integrante de la misma comisión, Marite Hernández; cabe señalar que ambos diputados no sólo integran la Comisión de Justicia, sino que también son vocales de la Comisión de Gobernación y estas son las encargadas de llevar el análisis de los juicios políticos. 

Juan Paulo Almazán expone en el documento que el diputado Rubén Guajardo Barrera debe excusarse de participar en su juicio político ya que “vertió manifestaciones relacionadas con tal asunto de manera parcial”; opiniones que, según el magistrado, pusieron en entredicho su desempeño profesional y fueron publicadas en diversos medios de circulación estatal. 

El magistrado expresó también que Guajardo Barrera se ha “mofado de que hará todo lo posible por perjudicarme”, ya que para el diputado el juicio político podría representar un tema personal en vista de que “una persona con relación de afinidad, y por tanto directa a él, no obtuvo ascenso laboral ni base sindical durante mi entonces gestión como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado”.

En el caso específico de la diputada Marite Hernández Correa, Almazán Cué argumenta en su documento que un pronunciamiento hecho por la legisladora en la sesión del Pleno del Congreso del 28 de febrero del 2019, fue subjetivo a favor de Adriana Monter, promovente del juicio político en su contra, y en obvio perjuicio del magistrado. 

Asimismo, señala que la diputada Hernández Correa también estaría impedida para participar en el juicio político, puesto que la representante de Adriana Monter, Celia García Valdivieso, está casada con Ricardo Sánchez García, quien fungió como asesor de la legisladora morenista, “lo cual desde luego pone en evidencia el marcado interés parcial en este asunto por parte de la diputada Marite Hernández Correa, de ahí pido su recusación con causa fundada”.

LAS INCONGRUENCIAS DE CUÉ

Llama la atención que el magistrado solicite al Congreso del Estado que estos diputados se recusen de participar en el análisis de su juicio político, cuando de hecho se ha demostrado que el mismo Almazán Cué no respeta las recusaciones por conocimiento del asunto, lo cual puede verse en la investigación Almazán Cue mintió al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para afectar a un juez, publicada en Astrolabio, donde se expone la manera en que se desentendió de conocer el caso de ratificación del juez Ranulfo Rodrigo Cano Vargas, y participó en la discusión de dicho tema afectando con ello la impugnación respecto a la determinación de no ratificación. 

El mismo Cano Vargas fue quien eseguró que el magistrado debió recusarse de participar en la discusión de su recurso de impugnación, sin embargo no lo hizo y con esto pudo haber afectado el caso de su ratificación, incurriendo incluso en una violación del artículo 169 en su fracción X del Código de Procedimiento Civiles del Estado de San Luis Potosí y del artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 

El juez expuso: “veo muy claramente las contradicciones en las que entró el expresidente del Supremo Tribunal para efecto de intervenir en mi caso, no puedo decir que hay una persecución de jueces, pero lo que sí puedo aseverar es lo que se ve en los documentos […] en mi asunto en particular veo irregularidades”, expresó. 

Si el hecho de que el magistrado pida una recusación cuando él no ha sido parte de ejercicios similares que lo exigían no fuera suficiente para evidenciar la incongruencia de su solicitud, basta con señalar el fundamento que el ex presidente del Supremo Tribunal expone en la quinta hoja de su documento, donde alude al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, misma que, según Juan Paulo Almazán, se refiere a “la imparcialidad de quien juzga”; sin embargo el artículo citado dice: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

Dicha determinación, no obstante, no aplicaría para lo solicitado por el magistrado, en vista de que este artículo aplica sólo en materia penal y su caso de juicio político aún no lo es. 

RECORDATORIO AL PIE

El juicio político en contra de Juan Paulo Almazán Cue fue promovido por un grupo de trabajadores del Poder Judicial, entre los cuales figuran, el juez Emilio Ortiz Monrroy, quien fuera removido de su puesto y en un momento notificado de haber sido suspendido por el Consejo de la Judicatura en la sesión plenaria del 22 de agosto, a pesar de que dicha determinación no aparece en la página de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Asimismo, Adriana Monter Guerrero, quien fuera removida de su puesto con documentación falsa para favorecer el nombramiento de un tercero; Juan Fernando Salazar, a quien se le han negado derechos burocráticos y ha sufrido constantes cambios de adscripción inconvenientes; Javier Pérez Contreras, quien acusó una persecución en su contra por no servir a los intereses del pasado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y Julián Ruíz Contreras, quien pasó por cinco cambios de adscripción en menos de un año por renunciar a su puesto como juez de oralidad y ha sufrido de persecución.

 

Fuente: Astrolabio

Secretario de Gobierno reconoce problemas de liquidez en el gobierno del Estado

Las finanzas estatales en San Luis Potosí atraviesan por un problema de liquidez, según reconoció Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, quien aseguró que sin embargo los sueldos y prestaciones del personal trabajador están asegurados.

 

“El gobierno está cumpliendo con sus trabajadores en tiempo y forma, como lo hemos hecho siempre. Tenemos un problema de liquidez, pero estamos cumpliendo con los compromisos; estamos tomando medidas de austeridad, de otro tipo, pero se está cumpliendo”.

 

Sin embargo, reconoció que hubo retrasos en el depósito de sus salarios, pero aclaró que “a todos se les pagó el día 15, solo que están acostumbrados a que les llegue su quincena muy temprano y ahora se difirió un poco, pero todos recibieron su pago el 15 de septiembre”.

 

En este mismo sentido, descartó que se tuviera que recurrir a un préstamo a alguna institución bancaria para cumplir con el pago de salarios.

 

Aseguró que el gobierno estatal cumplirá con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, para lo cual ya se hacen ajustes desde ahora en el gasto público con el apoyo de la Secretaría de Finanzas.

Fuente; Globalmedia

Acumula SLP más de 21 mil casos de coronavirus

En las últimas 24 se presentaron 16 nuevos decesos y 136 casos de Covid-19, con lo que San Luis Potosí superior los 21 mil casos de este nuevo virus y suma 1 mil 699 muertes, dio a conocer el director de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

De acuerdo al reporte técnico del Comité Estatal de Salud, los nuevos casos corresponden a 57 mujeres y 79 hombres, que se encuentran en un rango de edad de 14 hasta 94 años; 135 fueron de transmisión local, ya que se infectaron en el ambiente laboral o familiar, y un foráneo, con lo que ya hay un total de 21 mil 054 casos.

Los municipios de residencia son San Luis Potosí (94), Soledad (13), Matehuala (5), Real de Catorce (1), Cedral (1), Charcas (1), Villa de la Paz (1), Cerro de San Pedro (1), Villa de Ramos (2), Villa de Reyes (1), Cárdenas (1), Ciudad Valles (7), Ébano (3), El Naranjo (1), Axtla (2), Aquismón (1), y un residente de otro estado.

En cuanto a las defunciones por Covid-19, fueron de cuatro mujeres y 12 hombres, de un rango de edad de 37 hasta los 88 años. Los municipios de residencia son San Luis Potosí (7), Soledad (2), Catorce (1), Villa de Reyes (2), Ciudad Valles (2), Aquismón (1), y Coxcatlán (1).

Los factores de riesgo fueron edad mayor de 60 años (10), hipertensión (7), diabetes mellitus (7), tabaquismo (1), obesidad (5), enfermedad pulmonar (2), e inmunosupresión (1).

El director de Salud Pública manifestó que en lo que va de la contingencia se han presentado 47 mil 148 casos sospechosos, de los cuales 24 mil 102 se han descartado, 1 mil 992 siguen en investigación y hay un total de confirmados al momento de 21 mil 054 casos. Además, se han otorgado 9 mil 415 altas sanitarias de casos confirmados y 27 mil 714 altas sanitarias de contactos en seguimiento.

En hospitalización hay 409 personas, de las cuales 184 son positivas a coronavirus, 40 negativos y 185 continúan en estudio; del total 80 se encuentran estables, 274 graves y 55 intubadas en riesgo de perder la vida. La ocupación hospitalaria es del 23 por ciento, hay 183 camas disponibles para pacientes que requieren ventilador, y 55 ocupadas.

En los 10 módulos de información y orientación sanitaria se han otorgado 314 mil 401 atenciones, y se han referido a 18 personas a los servicios de salud por presentar síntomas sospechosos de coronavirus. En el caso del transporte público se detectaron este lunes 658 personas con cubre bocas (86%), y 107 sin (14%).

Fuente: El Heraldo

Sanciona CEEPAC a organizaciones políticas por incumplir en rendimiento de cuentas

El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), aprobó por unanimidad de votos los dictámenes relativos al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados de diversas agrupaciones políticas estatales.

Las agrupaciones políticas Alternativa Potosina, Avanzada Liberal Democrática, Encuentros Por San Luis, Foro San Luis, Frente Cívico Potosino; Potosinos en Lucha, Unidos Por México y Vía Alterna son acreedoras a una amonestación pública.

Mientras que la agrupación política estatal Coordinadora Ciudadana al haber perdido su registro y no contar con personalidad jurídica desde el año 2019, no se le aplicó ninguna sanción ya que ésta resultaría improcedente.

La única agrupación que no fue acreedora a alguna sanción fue Defensa Permanente de los Derechos Sociales, ya que ésta solvento todas y cada una de las observaciones realizadas por la Comisión Permanente de Fiscalización con respecto al manejo y aplicación de sus recursos durante el ejercicio 2019.

Fuente: El Sol

Ejecutan a balazos a una persona en Rioverde

La mañana de ayer jueves se registró un ataque armado en el municipio de Rioverde. Asesinaron a quien en vida respondió al nombre de Juan Alfredo Martínez en Prolongación Juárez cerca de la telesecundaria Plan de Ayala. Pistoleros lo balearon cuando viajaba acompañado de su esposa.

La víctima se trasladaba en una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris por prolongación Juárez en la cabecera municipal de Rioverde cuando intempestivamente le salieron al paso sujetos abordo de motocicletas. Lo alcanzaron y encañonaron. Sin pensarlo le dispararon hasta darle muerte.

El crimen ocurrió frente a su esposa, quien viajaba en esa misma unidad y se dirigía a su centro de trabajo en el sector salud. Quedó en shock tras lo sucedido.

La zona media de San Luis Potosí vive una ola de violencia por el registro de ejecuciones en diversos municipios de la región.

Fuente: El Sol de San Luis

Dirigente del MC sufre atentado a balazos; repele la agresión y casi mata a delincuente

TANCANHUITZ. Un hombre que portaba un arma de fuego corta, disparó contra el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, pero éste también tenía un arma y respondió a la agresión, ahuyentando al maleante.

Lo anterior sucedió este jueves por la tarde, en la carretera Xolol-Tamuín a la altura de la localidad Tamaleton, en una ferretería propiedad del afectado, Jesús Manuel Cruz.

Fuentes oficiales informaron que el político y comerciante, se encontraba en su establecimiento, cuando llegó un hombre a bordo de una motocicleta, el cual usaba casco y sacó un arma de fuego corta, con la que le disparó en dos ocasiones, e intentó seguir disparando, pero la pistola se “encasquilló”.

Manuel resultó ileso, y como en su negocio tenía también una pistola, la sacó y le disparó a su agresor, pegándole un tiro a la altura de la cabeza, pero al parecer el casco le salvo la vida, y enseguida bajó de la moto y se echó a correr, dejando tirada la unidad, así como el arma de fuego.

Policías de las diferentes corporaciones se movilizaron y buscaron al delincuente, sin embargo, no lo encontraron, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, acudió a recabar indicios como la moto, casquillo y arma de fuego, y se encargará de continuar las investigaciones.

Fuente: Pulso